JOSÉ LUIS ABARCA Y SU ESPOSA CONSIGUEN REVOCAR SU FORMAL PRISIÓN
Hace unos días, la familia Abarca llamó la atención por la forma en que la gente de Iguala evitó que la hermana fuera detenida. Ahora vuelve a la carga, por asuntos relacionados directamente con el exalcalde y su esposa.
Primero fue María de los Ángeles Pineda Villa, luego José Luis Abarca. La pareja que dirigía Iguala cuando sucedió la agresión contra los 43 normalistas de Ayotzinapa han consiguió revocar la formal prisión que les habían colgado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos. Bueno, en el caso de la exprimera dama de Iguala, sólo por delincuencia organizada.
Lo anterior se dio luego que Abarca y Pineda consiguieran sus respectivos amparos. Ahora las autoridades deberán reformularles las acusaciones en su contra y tomar nuevamente las declaraciones preparatorias. En pocas palabras, va de retro, que el proceso se les va a reponer a ambos… y, en lo que eso sucede, permanecerán en prisión. Tampoco todo les iba a salir bien.
Los Abarca deberán conocer quiénes testificaron en su contra
En el caso de María de los Ángeles Pineda, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México confirmó la decisión del Juez Séptimo de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales, en la cual se requirió que sean revisados los datos de autentificación de los testigos colaboradores que la PGR presentó en su momento.
Lo anterior “con la finalidad de que la encausada no sólo conozca quién o quiénes realmente declararon en su contra, así como de los hechos concretos que se le atribuyen, sino que también pueda preparar su defensa”, señala El Universal, citando la decisión del juez federal.
En el caso de José Luis Abarca… pues lo mismito: el juez decidió que fue violado su derecho a una debida defensa, toda vez que no supo de dónde le cayeron los fregadazos. En palabras menos gachas: que no supo quiénes fueron los testigos que declararon en su contra.
Cabe señalar que tanto Abarca como Pineda Villa no están encerrados por el caso de los 43 de Ayotzinapa. Aunque están en la mira y el asunto lleva casi seis años, las autoridades todavía no han conseguido acreditar su participación en los desaparición de los normalistas.