BIDEN FRACASA EN SU INTENTO DE CANCELAR LA DEUDA ESTUDIANTIL

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado este viernes el plan del presidente Joe Biden para cancelar parte de la deuda que millones de estudiantes universitarios tienen con el Gobierno federal por sus préstamos educativos.

La corte, con una mayoría conservadora de seis jueces frente a tres progresistas, ha considerado que el secretario de Educación, Miguel Cardona, no tenía autoridad para aprobar esta medida, que buscaba aliviar las dificultades económicas causadas por la pandemia de COVID-19.

La decisión del tribunal responde a una demanda presentada por el estado de Misuri, que alegó que el plan de Biden afectaría a los ingresos de un ente estatal que gestiona préstamos para estudiantes. Según el estado, el plan violaba la cláusula constitucional que prohíbe al Gobierno federal interferir en los asuntos internos de los estados.

El presidente del tribunal, John Roberts, ha escrito que la ley estadounidense solo permite a Cardona “hacer ajustes modestos y adiciones a las regulaciones existentes”, no “transformarlas” en un “nuevo plan fundamentalmente diferente para perdonar la deuda”.

Roberts ha argumentado que el plan de Biden suponía un cambio radical en el sistema de préstamos educativos, que se basa en un contrato entre el Gobierno federal y los estudiantes, y que requeriría la aprobación del Congreso.

Las tres juezas progresistas, Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, han disentido de la mayoría y han defendido que el tribunal ha “sobrepasado su papel adecuado y limitado en el gobierno de nuestra nación”.

Kagan ha escrito que el plan de Biden era una medida razonable y necesaria para ayudar a los estudiantes más afectados por la crisis sanitaria y económica, y que no violaba ningún principio constitucional.

¿Qué incluía la iniciativa de Biden?

Biden anunció a finales de agosto del año pasado que iba a perdonar hasta 10 mil dólares de la deuda que cada estudiante contrajo con el Gobierno federal para pagar sus estudios. Según sus oponentes, el plan supondría un coste de 400 mil millones de dólares para el erario público durante los próximos 30 años.