ESTADO OFRECE DISCULPA POR MASACRE DE ACTEAL; VÍCTIMAS PIDEN JUICIO A ZEDILLO
Los sobrevivientes aceptaron la disculpa del Estado mexicano, pero exigieron que se lleve ante la justicia a los miembros de las altas esferas del gobierno de aquel momento.
El Estado mexicano, a través del subsecretario de Derechos Humanos y Población, Alejandro Encinas, ofreció una disculpa pública a las 45 víctimas mortales y 26 sobrevivientes de la masacre de Acteal, perpetrada el 22 de diciembre de 1997 en Chenalhó, Chiapas.
El Acuerdo de Solución Amistosa fue firmado luego de que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la SG, Alejandro Encinas, ofreció disculpas y señaló que el ataque fue perpetrado por “grupos paramilitares con la complacencia de las autoridades”, en el contexto de un “Estado anquilosado” que alteró la escena del crimen en la que fueron asesinadas personas indefensas, entre éstas cuatro mujeres embarazadas y 18 menores de edad.
Durante el acto solemne, Fernando Luna Pérez, uno de los indígenas tzotziles que sobrevivieron el ataque, aceptó la disculpa del Estado en representación de todas las víctimas, pero exigió se lleve ante la justicia a todos los autores materiales e intelectuales, incluyendo a las más altas esferas del gobierno de aquel momento.
“Que se investigue y se lleve a juicio a Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente de México, y toda su cadena de mando, señalándonos de autores intelectuales durante estos 22 años de lucha por la masacre de Acteal; demandamos que se juzgue porque hacer justicia desde el más alto nivel de gobierno es una forma de garantizar la no repetición de los hechos”.
Además del expresidente Zedillo, a quien han responsabilizado de la comisión de delitos de lesa humanidad, los miembros de la comunidad cristiana Las Abejas, también han señalado como responsables al entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, y al exsecretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre.
Mencionó también como responsables a otros funcionarios en turno en ese año: Julio César Ruiz Ferro, ex gobernador de Chiapas; Homero Tovilla Cristiani y Uriel Jarquín Gálvez, entre otros.
Recordó que con la denuncia de los afectados fueron procesados 88 civiles paramilitares, 15 funcionarios públicos y hubo 29 órdenes de aprehensión no ejecutadas, pero no se agotó la línea de investigación relacionada con la estrategia de contrainsurgencia.
La matanza fue perpetrada casi cuatro años después del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) por grupos paramilitares opositores, pero el gobierno federal calificó la masacre como un conflicto étnico entre comunidades indígenas.
Tras los hechos, fueron inculpados 26 indígenas; sin embargo, ninguno de los consignados dio positivo en las pruebas periciales de restos de pólvora.
Por décadas, los sobrevivientes y las familias de los fallecidos denunciaron irregularidades en los procesos de investigación y procuración de justicia, llevando su reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Reparación del daño y no repetición
Durante su discurso de disculpa formal, el subsecretario de Derechos Humanos y Población, Alejandro Encinas, expuso que, desde el inicio de la actual administración federal, se establecieron pláticas con los sobrevivientes y los familiares de las víctimas, por lo que hoy culmina dicho proceso con la firma de un acuerdo de solución amistosa entre las víctimas, familiares de las víctimas fallecidas y el Estado mexicano.
Encinas explicó que en este acuerdo se manifiesta la suma de voluntades para aceptar el reconocimiento de responsabilidad del Estado Mexicano de los graves acontecimientos ahí sucedidos y la aceptación de medidas de reparación integral, tanto de forma individual a los familiares directamente afectados, así como acciones de carácter colectivo destinados a la reconstrucción social de la comunidad.
“Asumo la responsabilidad del estado y ofrezco una disculpa por este suceso doloso e indolente, expresión de un estado anquilosado y ajeno a los derechos e intereses de la comunidad que pretendió ocultar esta tragedia alterando incluso la escena del crimen para criminalizar a las propias víctimas”, declaró el funcionario federal.
