LA JUSTICIA PERUANA DICTÓ UNA SEGUNDA MEDIDA DE PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA PEDRO CASTILLO POR 36 MESES

El expresidente está acusado de ser el presunto líder de una organización criminal. Este fallo se suma a los 18 meses de cárcel que se le dictaron por el presunto delito de rebelión

Pedro Castillo: “Niego que sea parte de una red criminal”

El expresidente peruano Pedro Castillo en una captura de pantalla de su aparición en una audiencia virtual el pasado martes.

Dos días después de negar rotundamente ser el cabecilla de una organización criminal enquistada en Palacio durante su mandato, Pedro Castillo afronta formalmente una segunda medida de prisión preventiva de 36 meses que en palabras del juez Juan Carlos Checkley es “idónea y proporcional”. Esta vez Castillo, a quien también se le acusa de colusión y tráfico de influencias, no pudo intervenir y escuchó con un gesto adusto la audiencia desde el penal de Barbadillo, donde si no hay vuelcos en el proceso permanecerá hasta el 8 de marzo de 2026. Un escenario que su defensa trató de evitar por todos los medios.

En diciembre al maestro sindical se le dictó una primera orden de prisión preventiva de 18 meses por el presunto delito de rebelión tras su intento fallido de autogolpe de Estado para instalar un Gobierno de excepción. Esta medida es independiente. “No hay ningún impedimento para dictar una segunda orden, pues es de carácter cautelar”, explicó el magistrado Checkley. Tres son los requisitos principales para esta medida: una sospecha fuerte de la comisión del delito; la posible condena debe ser mayor a cuatro años; y altas probabilidades de peligro de fuga y obstaculización a las investigaciones. Según el juez, Castillo cumple con cada uno de ellos.

En primer lugar, Checkley sostuvo que hay fuertes indicios de que el exgobernante está involucrado en la compra de biodiésel para Petroperú con la finalidad de favorecer a la empresa Heaven Petroleum Operators -negociación por la cual Castillo habría recibido dos millones de soles-, así como en una licitación irregular para la construcción del Puente Tarata, en la región San Martín. En cuanto al segundo punto, su probable condena sería de 32 años. Y respecto al último requisito, el juez considera que Castillo no posee arraigo domiciliario, que su familia ya no está en el Perú (México les concedió el asilo político a su esposa, Lilia Paredes, y a sus dos hijos) y que además “tendría facilidades para salir del país”, en alusión a que Castillo fue detenido el 7 de diciembre cuando se dirigía a la Embajada de México.

Pero no solo ello: el magistrado señaló que existe un presunto amedrentamiento hacia los testigos, tras la detención preliminar de Jorge Ernesto Hernández Fernández, alias El Español, a quien se le acusa de coordinar una red de contrainteligencia orquestada por Castillo para atentar contra sus opositores. A ello se le suma su tentativa de intervenir el Poder Judicial, en el marco de su autogolpe de Estado. “El resultado no puede ser otro que limitar la libertad de Castillo”, resumió el juez.

El Poder Judicial también dictó 36 meses de prisión preventiva contra el exministro de Transporte y Comunicaciones Juan Silva, quien se encuentra prófugo de la justicia. Se presume que podría hallarse en Bolivia. Asimismo, a Geiner Alvarado, exministro de Vivienda, se le ha impuesto comparecencia con restricciones. Deberá seguir reglas de conducta y pagar una caución de 35.000 soles (unos 9.250 dólares). “Es un perseguido político. Apelaremos”, reclamó Eduardo Pachas, abogado de Castillo, quien continuará tras los barrotes por largo tiempo.